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Conciliación Penal en Colombia: Un Enfoque Jurídico para la Resolución de Conflictos

La conciliación en materia penal se define como un mecanismo autocompositivo que permite a las partes involucradas en un conflicto penal, particularmente en delitos querellables, llegar a un acuerdo voluntario y bilateral que resuelva el conflicto sin necesidad de un proceso judicial prolongado. Este procedimiento, regulado por el artículo 74 del Código de Procedimiento Penal, aplica exclusivamente a delitos que requieren querella, como la injuria, la calumnia o ciertos tipos de lesiones personales. Su finalidad es múltiple: obtener una solución anticipada, restablecer los derechos de la víctima de manera más rápida, facilitar la indemnización por los daños causados y promover la reparación integral.

A diferencia de la mediación, que puede ser facilitada por profesionales no abogados y se centra en mejorar la comunicación entre las partes, la conciliación penal exige que el conciliador sea un abogado con conocimientos especializados en derecho penal. Este requisito asegura que las soluciones propuestas sean jurídicamente viables y respeten los marcos normativos aplicables. Además, la conciliación se distingue por su carácter vinculante, ya que un acuerdo alcanzado tiene efectos procesales significativos, como la extinción de la acción penal o la cesación del procedimiento, lo que contribuye a descongestionar el sistema judicial.

El concepto de querella es central en este contexto. La querella no es un delito, sino un mecanismo formal mediante el cual la víctima directa de un delito querellable pone en conocimiento de las autoridades competentes la conducta punible. Solo el afectado directo puede presentarla, lo que subraya el carácter personal y privado de estos conflictos. Otros mecanismos para iniciar una acción penal, como la denuncia, el conocimiento de oficio o la notoriedad pública, no son aplicables a los delitos querellables, lo que refuerza la naturaleza privativa de la conciliación penal. Este enfoque permite «privatizar» la solución de ciertos conflictos, otorgando un papel protagónico a la víctima y promoviendo su participación activa en el proceso.

Requisitos y Habilidades del Conciliador Penal

El éxito de la conciliación penal depende en gran medida de las competencias del conciliador, quien debe combinar un sólido conocimiento del derecho penal con habilidades interpersonales avanzadas. Entre los conocimientos técnicos requeridos se encuentran el dominio de la teoría del delito y sus elementos esenciales: tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. La tipicidad, en particular, es el primer filtro para determinar si una conducta se ajusta a la descripción de un delito en la ley penal, siendo un paso previo al análisis de la antijuridicidad y la culpabilidad. Este entendimiento permite al conciliador evaluar con precisión la viabilidad de un acuerdo y orientar a las partes hacia soluciones justas.

Más allá de la formación académica, el conciliador debe poseer habilidades intrapersonales e interpersonales que le permitan crear un ambiente propicio para la negociación. Esto incluye la capacidad de mantener la neutralidad, fomentar la confianza entre las partes y gestionar las emociones que surgen en un conflicto penal. La confidencialidad de las sesiones, la tranquilidad del entorno y el confort físico son factores adicionales que contribuyen a un proceso conciliatorio exitoso. Estas habilidades son especialmente críticas en el contexto de la justicia restaurativa, que busca facilitar la comunicación entre víctima y victimario, permitiendo a ambos expresar sus necesidades y alcanzar una reparación mutuamente satisfactoria.

Un aspecto relevante es la recomendación de que los funcionarios judiciales no actúen como conciliadores, dado que su rol en el sistema penal puede generar conflictos de interés o percepciones de parcialidad; en su lugar, se aboga por la formación de conciliadores especializados que trabajen en centros de conciliación o en colaboración con instituciones como la Fiscalía General de la Nación, alcaldías y universidades. Dichas alianzas han permitido la creación de espacios de mediación y conciliación que integran a estudiantes de derecho, psicología y trabajo social, enriqueciendo la práctica con enfoques multidisciplinarios.

Efectos Procesales y Justicia Restaurativa

La conciliación penal tiene efectos procesales significativos que refuerzan su importancia en el sistema judicial. Un acuerdo conciliatorio exitoso puede resultar en una resolución inhibitoria, que impide el inicio de un proceso penal, o en una cesación de procedimiento, que pone fin a un proceso en curso. Los efectos no solo benefician a las partes al evitar los costos y la duración de un litigio, sino que también contribuyen a la eficiencia del sistema judicial al reducir la carga de casos. Además, en casos de injuria y calumnia, la retractación o rectificación por parte del ofensor puede ser un elemento clave del acuerdo, siempre que cumpla con los requisitos legales establecidos.

La justicia restaurativa es un pilar fundamental de la conciliación penal, ya que prioriza la reparación del daño y la reconciliación entre las partes sobre el castigo. Dicho enfoque humaniza el proceso penal, al reconocer el valor de la víctima como protagonista y promover soluciones que respondan a sus necesidades específicas. La conciliación permite a la víctima sentirse escuchada y reparada, mientras que el victimario tiene la oportunidad de asumir responsabilidad por sus acciones de manera constructiva. El modelo contrasta con los métodos heterocompositivos, como el litigio tradicional, donde la solución es impuesta por un tercero, y destaca el potencial de los métodos autocompositivos para transformar los conflictos penales

Desafíos y Oportunidades en la Conciliación Penal

A pesar de sus beneficios, la conciliación penal enfrenta desafíos que limitan su pleno aprovechamiento en Colombia. Uno de ellos es la falta de formación especializada entre los conciliadores, lo que puede afectar la calidad de los acuerdos alcanzados. La academia desempeña un papel crucial en este sentido, al impulsar reformas curriculares que preparen a los abogados para roles más allá del litigio, incluyendo la conciliación y la mediación. Estas reformas deben enfatizar tanto los aspectos técnicos del derecho penal como las habilidades de negociación y resolución de conflictos, que son esenciales para el ejercicio efectivo de la conciliación.

Otro desafío es la percepción cultural de la justicia, influenciada por fenómenos como la cultura de la cancelación, que puede dificultar la disposición de las partes a negociar. Crear un ambiente propicio para la conciliación requiere superar estas barreras, fomentando actitudes positivas y una comprensión más amplia de la justicia como un valor accesible a todos, no exclusivo de jueces y abogados. En este contexto, la evolución del papel del abogado es notable, pasando de un enfoque centrado en el litigio a uno que privilegia la resolución alternativa de conflictos y la humanización del sistema judicial.

Información tomada del marco del Diplomado en Conciliación en Derecho, clase impartida por:

Claudia Helena Serje Jiménez

ABOGADA. Doctora en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas. Doctora H.C. en Derecho. Máster en Sociología Jurídico Penal.

Especialista en: 1. Ciencias Penales y Criminológicas, 2. Docencia Universitaria 3. Derecho probatorio 4. mediación y negociación.

Diplomada en dirección y gestión de universidades. Actualmente se desempeña como Vicepresidente de la organización española Mundo Rural Today-Plan de Desarrollo Mundial. Vicepresidenta de la Asociación Colombiana de Justicia Terapéutica. Directora Académica de la Academia Latinoamericana de Derecho Penal Penitenciario. Líder de Cooperación Internacional y proyectos académicos de la Colegiatura Mundial de abogadas. Miembro Honorario del Colegio Nacional de Periodistas. Miembro acreditada de Academia Internacional de Licenciados en derecho de México. Catedrática de la Universidad Sergio Arboleda Santa Marta, y docente en programas nacionales e internacionales de doctorado, maestrías, especializaciones y diplomados.

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La Fundación ARCO es una entidad avalada por el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante la Resolución No. 6270 del 21 de diciembre de 2010 y la Resolución 0487 del 23 de abril del 2024. Además, el diplomado se ofrece en cumplimiento de la Resolución No. 0425 del 30 de marzo del 2023.

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Fuente: https://fundacionapg.org/conciliacion-penal-colombia-2025/
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